FELICIDAD Y JUSTICIA O TRAICIÓN A DIESTRO Y SINIESTRO

Blanco es; la gallina lo pone; con aceite se fríe…

De joven voté a la IU de Julio Anguita (unos de los contados políticos honestos de la democracia) por su propuesta de compartir la mitad del sueldo con los parados mientras no dejaran de serlo (y eso que yo ya tenía un sueldo fijo del Estado). Cambié mi voto al PP, sin embargo, porque sólo él se oponía debidamente a ETA y al desastre educativo de la LOGSE: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Ahora resulta que el PP de Mariano Rajao (sic: es el nombre que me merece) tampoco es mi amigo y que, nuevamente, la verdad me obliga a repudiar el partido recién votado. Ya era de temer que, en su anterior y perdida campaña electoral, presumiera de mantener, “al menos”, sus "principios" (por aquello de la abuela, que me resulta la única creíble, conforme pasa el tiempo: “dime de qué presumes…”). Pero cuando en la reciente campaña electoral, que le ha llevado a la Presidencia del Gobierno, priorizó ante todo el problema económico y explícitamente prometió procurar “la felicidad” de los españoles, no pude evitar un estremecimiento de pavor. Yo he leído a Kant (quizá sea uno de los contados españoles que lo hayan hecho, en la democracia o en cualquier momento; es lo que lamentaba nuestro Ortega) y conozco y reconozco su perspicaz distinción entre felicidad y dignidad, la prioridad moral de la dignidad y la precisión de que ésta no consiste en procurar, por ejemplo, una vivienda o un salario “dignos”, sino en la justicia que se cumple cuando cada cual cumple su deber sin contemporización ni excusa que valga. Porque, además, si debes, puedes. (Y, si no, “haz un poder”, que diría castizamente X. Zubiri.) Más aún: expresamente denuncia la impertinencia trágica de alterar el orden de estos dos factores no sólo en moral, sino en política:

… el principio de la felicidad (propiamente incapaz de constituirse en auténtico principio) también conduce al mal en Derecho político, tal y como lo hacía en la Moral, por óptima que sea la intención que se proponen sus defensores. El soberano quiere hacer feliz al pueblo según su concepto, y se convierte en déspota. El pueblo no quiere renunciar a la general pretensión humana de ser feliz, y se vuelve rebelde.

(En torno al tópico “tal vez sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica”, parte II: De la relación entre teoría y práctica en el derecho político. Pg. 44 de la trad. Española en ed. Tecnos.)

Y es que ahora resulta que el PP se ha unido al PSOE (¿seguimos con la abuela: dime con quién andas…; Dios los cría...?) en la negativa a instar la ilegalización de los partidos etarras solicitada por UPyD (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/21/espana/1329843323.html). No sólo lo hace con saña contra Rosa Díez (“el que se pica, ajos come”, ¿no era, abuela?), lo que convierte en increíbles las racionalizaciones con las que maldisimuladamente pretenden convencernos de que sencillamente no es “prudente” ni “oportuno” ahora el momento, sino con el incoherente argumento de que hay que esperar a que el TC se pronuncie sobre otro partido etarra (Sortu). ¿Por qué no se hace lo mismo con la ley del aborto, que piensa derogarse sin esperar el dictamen del TC? Y, sobre todo, ¿por qué se ha postergado el recambio del actual TC, que es el responsable de la, para mí, prevaricación histórica de consentir, contra el TS, la legalización de los partidos etarras? Es más: ya era más que sospechosa y sintomática la estúpida y perversa alineación de “Rajao” con Rodríguez y cía. en su clamorosa tergiversación, para imbéciles rematados, del último comunicado de ETA. Hoy mismo sigue sosteniendo esa “lectura”, propia de alumno de la Logse, Basagoiti, el lugarteniente en Vascongadas de este émulo de Groucho Marx al que hemos entregado el Gobierno de la nación (“Señora: éstos son mis principios. Si no le gustan… ¡tengo otros!”). http://www.abc.es/20120226/espana/abcp-basagoiti-hemos-derrotado-comandos-20120226.html

Lo demás, infantil mecanismo de defensa de “negación” de los hechos; puro cinismo, vaya.

Así que, como empezaba diciendo, “blanco es, la gallina lo pone…” Que la traición no es privativa de ninguna sigla política, vamos. Que la pérdida de la dignidad está generalizada, y que España, por lo tanto, se merece los Gobiernos que está teniendo, todos del mismo signo, aunque con diferentes siglas; Gobiernos que mienten y se mienten a sí mismos porque han perdido el criterio, el que discrimina justamente entre bienestar y justicia, con lo cual no puede ofrecernos ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada: la dignidad por los suelos y los impuestos por las nubes, como siempre, como antes de la Toma de la Bastilla. Que trabajen los tontos y que paguen los de siempre; ya cambiaremos lo que haga falta para que no cambie nunca nada; como en Andalucía, por ejemplo, donde, según su Gobierno, vamos por la “tercera modernización” (y yo, en mi trabajo, sin haber notado las dos primeras).

A dónde vamos a parar, que diría mi abuela, cuando el Presidente de la Nación le dirige la palabra a quien considera de un partido proetarra. (No, no se pueden esperar los convencionales cien días primeros de nuevo Gobierno para comentarlo.) Y además para decirle que le diga que hay que ser buenos. Y el Parlamento nacional casi entero (despreciando a Rosa Díez, obligándola al papel de Sócrates moderno paisano nuestro) suscribiendo un documento que parece de la Logse jurídico-política: la “m” con la “a”, “ma”; el Estado de Derecho expresamente afirma y propone actuar con mecanismos propios del Estado de Derecho frente al terrorismo. Qué valentía. Qué ciencia. Qué manera de ganarse el sueldo y de justificar su puesto. Y yo, tonto de mí, que no lo disfruto (ni puedo siquiera reírme de este ridículo nacional, de este esperpento en el Parlamento) porque he leído a Kant y no puedo quitarme de la cabeza esta sentencia suya de la Doctrina del Derecho (parte primera de su Metafísica de las costumbres, pg. 167 de su traducción española en ed. Tecnos):

Porque si perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la Tierra.

ESTADO CRÍTICO

Lamentablemente, hay muchos, demasiados motivos para señalarlo: nuestro Estado, nuestro joven (relativamente) “Estado social y democrático de Derecho” (como lo define la vigente Constitución de 1978 en su artículo 1º), se encuentra en un estado crítico. En todos estos tres principales aspectos.

       En lo “social” (economía; Estado de bienestar o, mínimamente, de servicios) ya no se le oculta a nadie de dentro ni fuera el hecho de su ruina acelerada y la depauperación progresiva de los más pobres, para no romper del todo con las más rancias tradiciones del poder. Y aunque ya no hay tanto acuerdo respecto a las causas, yo pienso que tienen mucho que ver con lo que sigue, con los otros aspectos. Veamos.

       En lo “democrático”, ¿cuál es el tono y vigor actual de nuestro Estado? Mucho me temo que, a lo peor, ni sepamos bien todavía lo que decimos  al hablar de democracia y demócratas, incluso por parte de muchos representantes políticos: ha faltado una oportuna y auténtica educación para la ciudadanía. Y sin un criterio apropiado (adecuado y hecho propio) difícilmente podremos juzgarlo y actuar en consecuencia, corrigiendo lo que haga falta. Rescatemos, pues, lo elemental, porque ningún problema puede resolverse si no se reconoce antes; lo cual es imposible sin ideas claras. Así, la democracia, antes que una institución, y como el fundamento, fondo o suelo desde el que florece, es ante todo una mentalidad que, si decae o se eclipsa, puede arruinar el régimen que la expresa. Así es y por eso así siempre ha ocurrido, tanto en la Atenas que la fundó como en la Alemania del siglo XX, por eminentes ejemplos.

Esa mentalidad implica, ciertamente, que nadie es soberano (superior) natural de nadie o que todos somos soberanos de nosotros mismos, con derecho y capacidad (virtual, no efectiva en cualquier caso) para gobernar políticamente, en lugar de conceder el derecho exclusivo de unos cuantos para gobernar siempre a otros. Pero, en consecuencia, el democratismo supone una alta exigencia de responsabilizarnos del gobierno electo, una alerta crítica y una vigilancia civilmente manifestada de sus posibles desvíos, sin sacralizarlo y excusarlo absolutamente porque sea de nuestro partido o lo hayamos votado. Ahora bien, ¿suponemos y buscamos la unión que hace de la democracia el régimen apropiado a una comunidad humana autónoma, o estamos consintiendo una aberrante polarización con la que, en lugar de cooperar y co/rregirnos, nos descalificamos, haciendo oídos sordos a la crítica, venga de la parte del pueblo que venga?

En democracia es lo común (el tronco de la semejanza presupuesto por las ramas y ramificaciones de la diferencia) lo que prima y debe prevalecer sobre lo particular y partidista. Es, por tanto, lo que compartimos lo que debemos preservar y con lo que debemos comprometernos, identificarnos y solidarizarnos todos como pueblo: la nación y el Estado de todos. De acuerdo con ello, si es que, como animales racionales en lugar de brutos, pretendemos la cohesión social que emana de la coherencia lógica, no hay lugar para amigos y enemigos, “buenos y malos”, esa simplificación infantil o primitiva. Políticamente, las diferencias tienen carácter secundario respecto a lo que nos iguala y comunica: la Constitución en cuya virtud nos reconocemos igualmente respetables y fundamentalmente solidarios, porque nos reconocemos básicamente ligados o soldados por nuestra dignidad e intereses comunes. Lo contrario es maniqueísmo precivilizado, egoísmo enmascarado, guerracivilismo disgregador y disolvente de lo democrático, que no ha superado realmente una mentalidad tribal y atávica, como la que se expresa en la actitud de quien “nunca votaría al partido de la oposición”, es decir, la del soberbio e inconsciente dictador preso de la mentalidad de pensamiento y partido único, que casa con la mentalidad democrática como la mona con el vestido de seda.

Para terminar este punto: si bien lo pensamos, el régimen democrático no es sino una aristocracia electiva, es decir, consiste en elegir y reponer a los mejores para gobernarnos en cada coyuntura (no por superioridad de casta), mientras que en las aristocracias y monarquías primitivas la superioridad no es juzgada, propuesta y revisada, sino impuesta, y no puede adquirirse, sino que viene dada por la fuerza y heredada por nacimiento. Absurdo sería, en cambio, pensar (¿será aquí y ahora el caso?) que por estar en democracia todos somos igualmente aptos para el gobierno, que no hemos de superarnos, adquirir capacidad y ser juzgados, que lo mismo vale un ignorante que un sabio para ministro de Sanidad o Economía. Así no se justificarían unas elecciones periódicas y una Administración económicamente tan gravosa.

Por fin, cuanto al Estado “de Derecho”, lo primero es recordar que lo justo consiste en el imperio de la misma ley para todos, sin privi/legio o leyes y derechos privados, sean individuos o comunidades, delincuentes comunes o terroristas. Esto es lo que convierte a una democracia en un régimen legítimo, digno, justo ante la razón (como es siempre reconocible por cualquiera, es decir, por quien realmente quiera), frente al imperio del cambiante gusto. La pregunta se impone: ¿estamos hoy todos (¿pueblo o “masa”?) comprometidos con la defensa de lo que nos une, vigilantes ante la corrupción demagógica y partidista? En este sentido hay hoy cuestiones tan ineludibles como terribles: ¿puede decirse, por ejemplo, que todos los españoles tienen derecho a estudiar en español en España? O, lo que es aún más grave, ¿es mayor la pena para los asesinos reincidentes, o encuentran concesiones políticas indulgentes (y contraproducentes, como cabía esperar de lo que dicta la lógica, el derecho y la experiencia) insostenibles jurídicamente? Quizá la esencia del Derecho sea su distinción de principio respecto de la conveniencia y el bienestar material, la reclamación de la dignidad humana y las libertades y exigencias  que le son inherentes (derechos y deberes) por encima de cualquier otra consideración. Lo cual implica que la función del Estado ha de limitarse a garantizar que las leyes sean únicamente el lógico límite de la libertad en que consiste la dignidad, a saber, la libertad de todos como límite de la libertad de cada uno de los ciudadanos adultos que, como autónomos, procuran libremente por ellos mismos lo que consideren adecuado a su bien, sea individual o asociadamente.

A este respecto, también se levantan gravísimas cuestiones o, más aún, cuestionamientos o reproches sobre la actuación actual del Gobierno: ¿es propio de un Estado democrático de Derecho legislar sobre la comida conveniente (bollería en los colegios públicos), la lectura conveniente (recusación de algunos cuentos, como el de Blancanieves, por “machistas”) y los hábitos privados convenientes (como los sexuales, o el de fumar en los recintos reservados y privados de algunas zonas de los restaurantes o incluso en establecimientos semejantes que, no siendo el tabaco una sustancia prohibida, puedan dedicarse expresa y hasta totalmente a esa opción --al igual que es una opción en el propio domicilio— o como consumir el combustible que parezca conveniente con la velocidad razonable elegida)? El argumento dado (que cabe sospechar con fundamento que en absoluto sea el verdadero motivo) para el último caso de ejemplo (el combustible) no deja lugar a dudas sobre el ilegítimo absolutismo paternalista que delata la incompetencia de este Gobierno no sólo ya en lo relativo a lo “social” o económico, entre otros (casi todos) muchos aspectos de contenido, sino en lo más fundamental, la forma de gobernar, que con su intervencionismo desaforado contraviene la autonomía como timbre de dignidad de los ciudadanos.

Clarificar y plantear todas estas cuestiones es necesario ejercicio de crítica, es decir, el juicio requerido para prevenir o resolver las crisis de la vida, apelando al criterio de principios bien lógicos, bien jurídicos. Sin crítica no hay democracia (el régimen político más propio y exigente de la dignidad humana) que valga o perdure sana. De modo que, si no queremos permanecer en un peligroso estado crítico, no tenemos más remedio que restablecer un Estado crítico permanente y actuar, en todas las formas posibles y legítimas en un Estado democrático de Derecho, contra esta deriva absolutista de la política y el Gobierno. Nos jugamos en ello, antes que la vida o el bienestar, nuestra dignidad de personas adultas.

DIGNIFÍCATE

“Indígnate” es la consigna que he leído hoy en una pancarta. O sea: si Ud. no está indignado, póngase airado. O sea: si no tiene Ud. la dignidad de estar ya indignado, engrose el pelotón de borregos de nuestra confusa o contradictoria causa. Me resulta indignante la proclama. Porque cualquier persona con dignidad y conocimiento ya estaba y está indignada por la situación que padecemos en España, y que tiene como culpable al Gobierno, no al “sistema”. Por lo demás, distingamos en este concepto sus diferentes aspectos. El sistema político que disfrutamos en España es el mejor que hemos tenido, el más excelso, una democracia constitucional o de Derecho. Da igual, en este caso, cuál fuera su origen o inicio desencadenante, la circunstancia política de 1978: lo que importa es su esencia y consistencia, que sólo se puede menospreciar o despreciar de modo ignorante o perverso. Esto es lo que toca a la dignidad porque toca a la justicia, al respeto, a la legalidad, a las formas de convivencia civilizadas frente a la inveterada y bárbara, al deber y al compromiso como valor supremo y condicionante del bienestar mismo.

Hay que distinguir y jerarquizar estos dos valores. El del bienestar o felicidad tiene que ver, pragmáticamente, con la economía, con el sistema económico. Contra ambos se dirige confusamente (priorizando perversamente el segundo) este movimiento insurrecto, de origen y final incierto. Pero no ver la inviolabilidad del primer sentido del “sistema” lo descalifica por completo, debiendo producir una seria alarma: ¿saltarnos la legalidad, cuestionar la formalidad democrática que por fin disfrutamos en España, aunque su ejercicio suponga una lucha y autocrítica constante, negar que lo que tenemos sea una democracia porque, como todo, sea falible y perfectible? ¿Desde qué noción alternativa de “democracia”: la asamblearia, la arbitraria, la de la agitación y la rebelión permanente (o de sospechoso oportunismo)? Entonces no están defendiendo nada; nada que merezca nuestra atención. Y pierden toda razón que nos solidarice con ellos en lugar de que queden en minoría anómala. Porque entonces defienden la dictadura de los iluminados, que se sienten por encima del bien y el mal y ponen hipócritamente en su boca la palabra “democracia” como la ponían la “democracia popular” soviética o cubana o la “democracia orgánica” franquista. Y si no quieren democracia auténtica (diálogo, lucha de razones, atenimiento al principio de la mayoría), entonces son, aunque quieran engañarnos y se engañen, despreciables dictadores o simples y resentidos adolescentes. No tiene justificación alguna que infrinjan las reglas de juego del Estado democrático de Derecho (insumisión frente al dictamen de la Junta Electoral que prohíbe su concentración en día de reflexión electoral) y se arroguen la representatividad del pueblo frente al Parlamento, contraviniendo el dictamen de nuestras instituciones, las de la democracia de derecho que la mayoría del pueblo español acordó darse civilizadamente, para cambiar y mejorar nuestra historia.

En cuanto a la proclama contra el “sistema” capitalista, tan ingenua y desfasada, después de la desastrosa experiencia histórica del comunismo (la ideología que hay detrás de IU; el partido que alienta a las claras a estos antisistema recolectores de indignos despistados o pasivos hasta ahora no indignados), volvemos a las mismas: ¿acaso proponen, en lugar de su control o reforma, aniquilarlo por revolución violenta en lugar de por vía democrática, dialógica, con razones y convicciones que se conquistan, en lugar de por cojones y por las armas? ¿No? Entonces, ¿cómo cuestionan la democracia real que disfrutamos y contravienen sus decisiones legales? Ya tenemos medios, tanto dentro como fuera del Parlamento, para, desde y con la democracia, luchar por la justicia social y económica. Pero saltarse la justicia legal los descalifica y reduce, en el más cándido de los supuestos, a adolescentes, inmaduros, tardorrománticos, ignorantes de la historia y de sí mismos. Si, en cambio, lo que pretenden, es justificar eventualmente la violencia, la indulgencia y connivencia con el terrorismo que ya se percibe en España (y que los demócratas reales, sin embargo, encajamos democráticamente pese al desacuerdo con el Tribunal Constitucional), entonces esto no es justicia sino guerra y lo suyo, simplemente, un recalcitrante manifiesto comunista que, como muestra la historia (tanto pasada como reciente), utiliza el Estado de Derecho hipócrita y cínicamente, según convenga (como la “filosofía” de Rubalcaba).

Los verdaderos demócratas, entonces, sólo tenemos un medio de luchar contra esta barbarie ignorante o artera y maquiavélica: utilizar el sistema, el sistema y los mecanismos democráticos, para contener este movimiento y a sus cómplices, votando el próximo domingo a quienes más alejados se encuentran de esta disparatada confusión sobre nuestro “sistema”: los que defiendan el Estado de Derecho como fin y valor absoluto (no como un medio) y a quienes más competencia económica se les presuma. Es cuestión de auténtica dignidad y justicia, que incluye dar su merecido electoral a los causantes o aprovechados de nuestra actual ruina económica. No, señores: sólo en la noche de la ignorancia son pardos todos los gatos y se difumina el nombre propio de los responsables de cada cosa. Nadie es perfecto; ni Uds.; eso ya lo sabemos la mayoría sensata, que nos dimos una democracia constitucional para juzgar cada cuatro años la gestión mejor o peor de nuestros representantes. De eso, ni más ni menos, se trata de nuevo ahora.

LA CAMISA DEL REY Y EL DESARME MORAL DE ESPAÑA

El Príncipe de la nación, desnudo (de conocimiento y juicio). El Estado, en pelotas (jurídicas). España, desarmándose moralmente ante una banda terrorista (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/19/espana/1319034890.html).

He leído el más reciente comunicado de ETA (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/10/20/comunicado_eta.pdf). Como cabía esperar de una banda terrorista (cuya auténtica rendición o derrota sólo puede consistir en la entrega de las armas sin más comunicado oficial que el del Estado proclamando su victoria), exhibe, como siempre, la indignante insolencia que convierte cínicamente el crimen  en un “conflicto” político con el Estado, sin renunciar a las delirantes exigencias por las que ha asesinado casi mil vidas y familias y condicionando, una vez más, la superación del “conflicto armado” a la concesión de sus imposiciones. Por supuesto, con el típico señuelo añadido de las treguas-trampa para, además de los sinvergüenzas que lo aprovechan, los bobos y cobardes (como deben de ser los españoles para los etarras, que quizá se tapan la cara para que no se les vea troncharse de la risa): un incoherente e increíble “cese definitivo de su actividad armada”, cuya contradicción absoluta sólo puede disimularse incrustando el aserto en párrafo y línea distinto del resto de arbitrariedades que la banda asesina considera expresión de auténtica “paz y libertad” frente a la “imposición que aún perdura”.

No cabe la menor duda: “y, así, la superación de la confrontación armada”, dice el texto. “Así”, es decir: tras el “diálogo” exigido con los Estados de España y Francia para “resolver”, según su entender y conveniencia, el “conflicto” y “sus consecuencias” (se tratará de amnistía e indemnización a las “víctimas”: los terroristas muertos o encarcelados). Omisión, por supuesto, de cualquier arrepentimiento: la única lamentación es por los terroristas caídos “en la lucha” o encarcelados. Al contrario, saludan la nueva circunstancia histórica en que actuales cambios políticos marcan la hora de proseguir “la lucha” sin armas. (Sin duda: la banda terrorista ya cuenta con representación y subvención económica institucional, bajo el nombre de Bildu, pese a la rotunda oposición de los cuerpos de seguridad del Estado, del Tribunal Supremo y de la mitad del Tribunal Constitucional. Otro asesinato ahora, cuando están ganando el dominio político que pretendían en virtud de su terrorismo y el síndrome de Estocolmo que han provocado en media nación española, sería incompatible con su representación política y los devolvería a la dura fase de la clandestinidad, las bombas y el tiro en la nuca, jugándose la propia vida. El despotismo es mucho más llevadero cuando cuenta con una sumisión firmemente arraigada en la ceguera y el autoengaño profundo.)

Lo único nuevo, pues, en este comunicado criminal es el triunfalismo de su oposición terrorista al Estado democrático de Derecho. Y, sin embargo, la mayoría absoluta (poco menos que la totalidad) de los partidos políticos y medios de comunicación social están hablando inverosímilmente, haciendo lo blanco negro (o más bien al contrario), de triunfo del Estado de Derecho, de derrota de ETA, de rendición, de final del terrorismo. No sólo el partido y los medios verosímil y lamentablemente interesados en presentar como única baza electoral posible la farsa de una falsa pero aparente victoria sobre el terrorismo, sino casi todos los partidos y medios (http://www.rtve.es/noticias/20111020/eta-anuncia-cese-definitivo-actividad-armada-pide-gobierno-abrir-proceso-dialogo/469705.shtml).

¿Será que en España no se lee, y casi nadie ha leído el comunicado? ¿Será que, a estas alturas de leyes antieducativas, es rara la lectura comprensiva en escolares, periodistas y profesionales? ¿Será que el terrorismo ha ganado la partida, es decir, ha acobardado el ánimo y la voluntad de la nación, viciando la visión y la lectura objetiva de las cosas? ¿Será que la otra (media) España también se ha rajado de los “principios” (Rajoy presumió de ellos, como su única baza, en su última derrota electoral) y está encenagada en el torpe “pragmatismo” de la demagogia electoral que trata como necio y canalla al pueblo?

No está de creer. Es para frotarse los ojos y no salir del asombro. Si no fuera por la historia y por los cuentos, pensaría que Mayor Oreja, Rosa Díez (http://www.publico.es/espana/402699/rosa-diez-y-mayor-oreja-exigen-no-hacer-caso-al-comunicado-de-eta),  las Asociaciones de víctimas (http://www.rtve.es/noticias/20111020/mayoria-victimas-defraudadas-porque-eta-se-disuelve-entrega-armas/469742.shtml), la empresa mediática “libertad digital” (http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-11-10/gara-avanza-su-entrevista-con-eta-el-desarme-esta-en-la-agenda-1276440987/) y yo mismo somos los que deliramos, padeciendo un pavoroso delirium tremens aun sin haber bebido ni gota. Pero no. Un pueblo entero, como la ilustre y clásica Atenas, puede dejar solo, como corrupto y loco, a su más sensato ciudadano (Sócrates); un pueblo entero, el más culto de Europa, puede ser avestruz conniviente y cómplice de un genocidio en pleno siglo XX (la Alemania nazi). Y el cuento (los grandes cuentos reflejan las constantes psíquicas humanas) de Andersen lo deja bien claro: el rey puede estar desnudo, y sólo un chiquillo decirlo, pese a que un pueblo entero aplauda la belleza de su camisa nueva, que sólo ven “los inteligentes”.

Sean cuales sean los motivos (razón o justificación no hay ninguna), el hecho no me alegra en absoluto, sino que me indigna y apena y, en uso de la libertad de expresión pública que aún disfruto, aquí lo consigno, por si de algo vale la pena: no el hecho de que unos pocos asesinos pretendan jugar a dominadores del pueblo robando, asesinando y, siempre por delante, mintiendo (para abaratar costos y esfuerzos), sino el de que un pueblo entero convierta en listillo al tonto del pueblo y haga el tonto de esta manera tan indigna y peligrosa. Qué peligro, haber perdido el criterio que discrimina justamente el bien  del mal, la paz de la cobardía, la libertad de la anarquía, la democracia de la algarabía, el verdugo de la víctima, el disgusto de la injusticia, el conflicto político o incluso la confrontación armada del simple e infame terrorismo; el Derecho del reverso siniestro.

Para mí, ahora, el Estado español está siendo derrotado por la banda terrorista ETA y se está, peor aún, rindiendo cuando, por falta de principios y discernimiento, hace blanco lo negro y confunde inmaduramente la realidad con el deseo. Pero una mentira no lo es menos por mucho que se repita. En cuanto a la verdad, no necesita defensa: son los individuos y pueblos quienes tienen que luchar por vivir en ella. ¿“Victoria del Estado de Derecho”? Qué confusión más necia y sintomática. El Estado de Derecho, como la justicia y la matemática, no luchan ni vencen: es España, ahora, la que está siendo desarmada y vencida moralmente precisamente por lo contrario de lo que está presumiendo: por no regir estrictamente su convivencia de acuerdo con el Derecho, la Dignidad y la Justicia.

Qué vergüenza y qué lástima. Lástima de las víctimas, que no son sólo los asesinados físicamente sino todos nosotros, el pueblo español, moralmente, mortalmente herido en su dignidad. Aunque no hay que perder la esperanza de que esta situación se revierta. Basta con que no se apague del todo la luz de la verdad y que nos unamos y la voceemos oportuna y omnímodamente cuantos creemos verla.

CARNAVAL GUBERNAMENTAL

Como observador crítico de la constitucionalidad en nuestro país (o sea, como responsable de mi ciudadanía), no puedo pasar por alto de ninguna manera las recientes declaraciones, para empezar, de la actual ministra de Sanidad, doña Leyre Pajín. Como puede saberse, ha expuesto su intención de convertir en ley un castigo extraordinario a quienes estén acusados de maltrato doméstico, mal llamado “de género” por el Gobierno y la prensa que secunda sus peregrinas ocurrencias transgresivas, que empiezan por el maltrato sistemático a la lengua (http://www.libertaddigital.com/sociedad/pajin-quiere-retirar-la-custodia-a-los-conyugues-sic-acusados-de-maltrato-1276408017/).

Doña Leyre pretende que, antes de una posible condena por maltrato al “cónyugue” (un nuevo invento que no es, nuevamente, sino una ignorancia transgresiva: la mala lectura y pronunciación de la palabra “cónyuge”), al acusado se le retire inmediatamente la custodia sobre sus hijos, cortando de raíz la discrecionalidad que la actual legislación concede a los jueces. Antes de que se pruebe si es culpable. O sea: una vez más pretende este Gobierno atentar contra un derecho no cualquiera, sino fundamental: la presunción de inocencia propia e imprescindible en un Estado de Derecho. Una discriminación más ante la ley, por razones de sexo, en un Gobierno que se pretende adalid de la igualdad, de los derechos, y detractor del sexismo (de nuevo: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”). Como la que ya ha inducido a cometer contra los varones acusados de maltrato conyugal, los cuales pueden pasar una noche en el calabozo sólo por haber sido denunciados, a diferencia del resto de los españoles en el caso de la mayoría de los restantes presuntos delitos.

Lo cual es ya rizar el rizo del disparate absolutista o anticonstitucionalista (de “quiebra del Estado de Derecho” ha calificado esta medida, ya aprobada en el Consejo de Ministros de 27-11-10, la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, así como muchas asociaciones de jueces la han cuestionado radicalmente): se pretende condenar o penalizar injustamente (sin mediación de la Justicia constitucionalmente establecida) por un delito distinto de aquel al que se denuncia, o con una pena distinta a la que correspondería. Porque no se trata de dictar judicialmente orden de alejamiento de la pareja (lo que ya se practica), ni tampoco de tomar una medida cautelar o preventiva ante la gravedad del posible delito (lo que tampoco sería una innovación judicial), ya que el posible delito del caso no es maltrato a los hijos, ni en todos los casos ocurre necesariamente que el maltrato al cónyuge vaya unido a ese otro por el que se quiere castigar “preventivamente”, aunque no haya denuncia específica: “criterio” de prevención por el que bien podrían acabar metiéndonos en la cárcel a cualesquiera ciudadanos por cualquier cosa si se le ocurre a cualquiera de estas ministras o ministros.

Se trata, pues,  de mezclar churras con merinas en pura asociación feminista paranoide, sin la menor conexión lógica o jurídica, con la consecuencia de imponer arbitrariamente castigos tan ilegítimos como antilegales por mera iracundia. O sea: con la mentalidad propia del incivilizado que, sin someterse a razón ni derecho (justicia legal), quiere imponer por su cuenta (o desde un ministerio, si le dejan) “su” justicia, aunque perezca la justicia. Esta arbitrariedad es signo inequívoco de ignorar el derecho, o de no creer en él por no comprenderlo, o de incurrir en desafuero por no asumirlo. Lamentablemente, no extraña este nuevo signo que, asociado a otros, constituye un síndrome identificativo de la ideología y el partido del “diálogo” con el terrorismo y con las dictaduras y el adoctrinamiento partidista (o sea, totalitarista) en “educación” (como la condenada en reciente sentencia del Tribunal Constitucional en un texto escolar de “Educación para la ciudadanía”, aunque sería aplicable a la mayoría, como es comprobable si se cotejan los textos y la sentencia). O del GAL, por hacer un poco de “memoria histórica” de nuestra circunstancia, que es la democracia constitucional.

Pero, ¿qué decir, además, de la propuesta de D. Alfredo Pérez Rubalcaba, actual ministro de Interior, Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno, sobre la formación de los profesores, a quienes se le ha ocurrido obligar a una especie de residencia interna como la de los médicos (M.I.R.) antes de reconocerlos como docentes? Pues, ante todo, que pretende legislar sin consultar a los expertos (que sólo son, en este caso, los interesados: los docentes mismos) y que establece una impertinente analogía, dudosa hasta lo risible, entre la pericia clínica que trata con la vida y la pericia general que en cualquier otro caso sólo aporta la práctica (¿o acaso habría que someter a los jueces, o a los ingenieros, o a los policías, a una residencia interna y provisional –otro MIR- antes de reconocer que ya hacen lo que hacían y pagarles como corresponde, antigüedad aparte, porque se le ocurra a uno de estos ministros o ministras?) O sea, que quiere gobernar imponiendo sus “ideas” sin tener mucha ni poca idea sobre los asuntos. Pero, sobre todo, por lo que afecta al civilizado espíritu constitucional que sería su deber conocer y respetar (el de una democracia de Derecho), que cree poder legislar sobre cualquier cosa, aunque no corresponda a su función ni ministerio. Con el mismo estilo de la ministra Pajín, cuya propuesta ha justificado.

Porque, ¿qué hacen la ministra de Sanidad (aunque también de Asuntos Sociales e “Igualdad”) pontificando sobre Justicia y el ministro del Interior innovando sobre Educación? ¿Por dónde anda la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial actualmente en nuestro país? No tengo ni “pajinera” idea. Este estilo, este “talante” no es de recibo en un “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1 de nuestra Constitución), sino más propio del totalitarismo absolutista. Estamos, y es derecho y deber criticarlo públicamente, ante un carnaval gubernamental. Pero no sólo porque los ministros y ministras no lo son de lo que parece o los han puesto, ni porque se ponen en un ministerio como se cambia de disfraz (ahora, la ex ministra de Sanidad trabaja en el ministerio de Exteriores como Secretaria de Estado para Iberoamérica, sin ser ni médica ni diplomática de carrera; etc., etc.), sino porque el Gobierno en bloque, aun investido en una democracia constitucional y vestido de demócrata en sus palabras, más parece operar como un enmascarado tirano absolutista y totalitario, que quiere imponer en todos los asuntos de la vida ajena ni más ni menos que lo que le da la gana.

INCULTURA POLÍTICA

En el debate parlamentario sobre el estado de la Nación que hoy acaba, el Presidente del Gobierno, Rodríguez Z., cuestionó ayer la representatividad de la diputada de UPyD, Sra. Rosa Díez, cuando ésta le acusó de "corrupción institucional" (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/15/espana/1279183641.html), alegando que su partido tenía sólo un escaño, lo que la descalifica para arrogarse la potestad de interpretar la voluntad popular, aun reconociéndole en ello un gesto de "valentía". La impropiedad de hablar en este caso de "valentía" en lugar de "osadía" o, con estricta propiedad, de "insolencia" no necesariamente se debe a ignorancia sino que podemos atribuirla a la licencia retórica de la ironía. Ahora bien, el alegato o argumento mismo es un signo palmario de la, más que grave, imperdonable incultura (peor aún que incompetencia) política de quien actualmente está empeñado en conducir a España a un destino político temiblemente final.

En efecto, el Presidente no debería ignorar que en la democracia representativa todos y cada uno de los diputados representan a la Nación entera, sus intereses y valores generales y colectivos, aunque hayan sido elegidos en circunscripciones naturalmente particulares (¿de qué otro modo podría ser elegidos por los ciudadanos?). Los diputados no son delegados o representantes de los intereses particulares de su circunscripción electiva. De ahí que la democracia representativa, pese a haber venido impuesta por la compleja magnitud de las sociedades modernas, no sea cualitativamente una democracia disminuida o diluida sino, al contrario, la mejor garantía, en principio, de que legisladores y gobernantes no beligeren por sus parciales intereses sino por los de toda la Nación. Por ello puede cualquier ciudadano presentarse a su elección como diputado por cualquier provincia o circunscripción diferente a la de su residencia o nacimiento sin que ello constituya un contrasentido o un fraude de ley.

De modo que aquí la razón cuantitativa es razón irrelevante para el punto en discusión. Pero, ¿qué decir, además, de otra cuestión esencialmente cualitativa como la de que el Parlamento no justifica su función por el mero cálculo de votos sino que debe atender primero a las razones de contenido o argumentos que los parlamentarios expongan en la debida deliberación que justifica el nombre mismo de Parlamento? Aquí el actual Presidente del Gobierno de España no sólo se muestra ajeno a la imprescindible CULTURA requerida para una gestión política responsable, sino al sentido común y a la RAZÓN misma, a la cual desatiende expresamente escurriendo su responsabilidad por la frívola pendiente de la fuerza del número. Peor aún, esta su sinrazón (como la sinrazón del número que posibilita la incongruencia de menospreciar a un Partido o/y diputada que cuenta con más votos, y sin embargo menos escaños, que el Partido con el que necesita aliarse para seguir en el poder “cueste lo que cueste”, el PNV) muestra como increíble e indigna de confianza su VOLUNTAD misma de servir a la Nación, y no a su interés particular o partidista, pues ¿puede acaso simplemente ignorar que la razón puede estar en uno solo o en cualquiera de los diputados que parlamentan genuinamente, aunque él cuente con el aplauso, quizá servil, de una mayoría instalada en el poder?

Mal, muy mal horizonte se divisa hoy para el destino de España cuando su Presidente se muestra ajeno al sentido del Parlamento, a la voz de la razón y a la voluntad de respeto a sus legítimos representantes. Un Presidente que no sólo contraviene soberanamente el “talante” de “diálogo” (“dime de qué presumes y te diré de qué careces”: una vez má confirmado) sino que muestra objetiva e innegablemente (una vez más, en otra cuestión tan esencial como los significados de “democracia”, “diálogo”, “nación”, etc.) tamaña incultura política. No es que le falte voluntad o raciocinio, es que no sabe siquiera de qué va el juego político, a qué estamos jugando, qué nos estamos jugando. Pero lo peor, lo más tremebundo, sería comprobar que la mayoría de la ciudadanía es incapaz de crítica porque comparte la misma incultura política y, por tanto, sobre la Constitución que nos constituye como Nación, más acá de los partidismos.

INDECENCIA GUBERNAMENTAL

El brazo sindicalista del actual Gobierno español estrena nueva función en la pantomima engañabobos para mantener sus privilegios a costa del pueblo allanado (sería ya equívoco y sarcástico hablar de "trabajadores" con cinco millones de parados): insinuación de "huelga general" para simular enfado por las medidas "antisociales" que pretenden atajar, al rancio modo canalla y oligárquico, la ruina a que nos han llevado. ¿Huelga general? ¿Para qué? ¿Para cambiar de medidas? Nos tienen cogida la medida; de eso no cabe duda. La única medida urgente, radical y efectiva, tanto práctica como decente, sería exigir la dimisión inmediata del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Su incompetencia es tan palmaria que se conoce hasta en Australia (en cuanto al fondo). Su mentira cínica y constante, inocultable (en cuanto a la forma, que es lo más grave). Aunque lloviera la riqueza, nada se arreglaría: ya la había, y se ha tirado por la borda, y sigue tirándose (ninguna medida justa y adecuada). Sería como seguir escanciando líquido en un tonel con el fondo roto. El problema es este Gobierno, que ahora se ve forzado, desde fuera de nuestras fronteras, a practicar la política exactamente contraria a aquella que supuestamente le define y por la que pidió el voto. Porque la Unión Europea, y hasta Norteamérica, no están dispuestos a  consentir la amenaza de padecer la misma suerte que España por culpa de los mismos. Si el Gobierno actual tuviera un mínimo de vergüenza, se borraría del mapa que ha estado intentando borrar: España. Si no lo hace, es que carece de la más mínima decencia. No cabe otra "lectura" de la farsa como no sea la de la farsa misma y los que viven de ella a costa de los otros: los que trabajan, cobran poco y lo pagan todo; como en los viejos tiempos de antes del "socialismo". No cabe suponer que tenga lugar el cambio requerido, aunque no podamos dejar de esperarlo. Porque la demagogia no tiene ideología ni partido. Y el miedo a la verdad, que alimenta el prejuicio y la contumacia hasta la ruina consumada, tampoco. Mejor dicho: engañantes y engañados, el sistema de la indecente farsa, son todos siempre del PP: el Partido Propio.