ESTADO CRÍTICO

Lamentablemente, hay muchos, demasiados motivos para señalarlo: nuestro Estado, nuestro joven (relativamente) “Estado social y democrático de Derecho” (como lo define la vigente Constitución de 1978 en su artículo 1º), se encuentra en un estado crítico. En todos estos tres principales aspectos.

       En lo “social” (economía; Estado de bienestar o, mínimamente, de servicios) ya no se le oculta a nadie de dentro ni fuera el hecho de su ruina acelerada y la depauperación progresiva de los más pobres, para no romper del todo con las más rancias tradiciones del poder. Y aunque ya no hay tanto acuerdo respecto a las causas, yo pienso que tienen mucho que ver con lo que sigue, con los otros aspectos. Veamos.

       En lo “democrático”, ¿cuál es el tono y vigor actual de nuestro Estado? Mucho me temo que, a lo peor, ni sepamos bien todavía lo que decimos  al hablar de democracia y demócratas, incluso por parte de muchos representantes políticos: ha faltado una oportuna y auténtica educación para la ciudadanía. Y sin un criterio apropiado (adecuado y hecho propio) difícilmente podremos juzgarlo y actuar en consecuencia, corrigiendo lo que haga falta. Rescatemos, pues, lo elemental, porque ningún problema puede resolverse si no se reconoce antes; lo cual es imposible sin ideas claras. Así, la democracia, antes que una institución, y como el fundamento, fondo o suelo desde el que florece, es ante todo una mentalidad que, si decae o se eclipsa, puede arruinar el régimen que la expresa. Así es y por eso así siempre ha ocurrido, tanto en la Atenas que la fundó como en la Alemania del siglo XX, por eminentes ejemplos.

Esa mentalidad implica, ciertamente, que nadie es soberano (superior) natural de nadie o que todos somos soberanos de nosotros mismos, con derecho y capacidad (virtual, no efectiva en cualquier caso) para gobernar políticamente, en lugar de conceder el derecho exclusivo de unos cuantos para gobernar siempre a otros. Pero, en consecuencia, el democratismo supone una alta exigencia de responsabilizarnos del gobierno electo, una alerta crítica y una vigilancia civilmente manifestada de sus posibles desvíos, sin sacralizarlo y excusarlo absolutamente porque sea de nuestro partido o lo hayamos votado. Ahora bien, ¿suponemos y buscamos la unión que hace de la democracia el régimen apropiado a una comunidad humana autónoma, o estamos consintiendo una aberrante polarización con la que, en lugar de cooperar y co/rregirnos, nos descalificamos, haciendo oídos sordos a la crítica, venga de la parte del pueblo que venga?

En democracia es lo común (el tronco de la semejanza presupuesto por las ramas y ramificaciones de la diferencia) lo que prima y debe prevalecer sobre lo particular y partidista. Es, por tanto, lo que compartimos lo que debemos preservar y con lo que debemos comprometernos, identificarnos y solidarizarnos todos como pueblo: la nación y el Estado de todos. De acuerdo con ello, si es que, como animales racionales en lugar de brutos, pretendemos la cohesión social que emana de la coherencia lógica, no hay lugar para amigos y enemigos, “buenos y malos”, esa simplificación infantil o primitiva. Políticamente, las diferencias tienen carácter secundario respecto a lo que nos iguala y comunica: la Constitución en cuya virtud nos reconocemos igualmente respetables y fundamentalmente solidarios, porque nos reconocemos básicamente ligados o soldados por nuestra dignidad e intereses comunes. Lo contrario es maniqueísmo precivilizado, egoísmo enmascarado, guerracivilismo disgregador y disolvente de lo democrático, que no ha superado realmente una mentalidad tribal y atávica, como la que se expresa en la actitud de quien “nunca votaría al partido de la oposición”, es decir, la del soberbio e inconsciente dictador preso de la mentalidad de pensamiento y partido único, que casa con la mentalidad democrática como la mona con el vestido de seda.

Para terminar este punto: si bien lo pensamos, el régimen democrático no es sino una aristocracia electiva, es decir, consiste en elegir y reponer a los mejores para gobernarnos en cada coyuntura (no por superioridad de casta), mientras que en las aristocracias y monarquías primitivas la superioridad no es juzgada, propuesta y revisada, sino impuesta, y no puede adquirirse, sino que viene dada por la fuerza y heredada por nacimiento. Absurdo sería, en cambio, pensar (¿será aquí y ahora el caso?) que por estar en democracia todos somos igualmente aptos para el gobierno, que no hemos de superarnos, adquirir capacidad y ser juzgados, que lo mismo vale un ignorante que un sabio para ministro de Sanidad o Economía. Así no se justificarían unas elecciones periódicas y una Administración económicamente tan gravosa.

Por fin, cuanto al Estado “de Derecho”, lo primero es recordar que lo justo consiste en el imperio de la misma ley para todos, sin privi/legio o leyes y derechos privados, sean individuos o comunidades, delincuentes comunes o terroristas. Esto es lo que convierte a una democracia en un régimen legítimo, digno, justo ante la razón (como es siempre reconocible por cualquiera, es decir, por quien realmente quiera), frente al imperio del cambiante gusto. La pregunta se impone: ¿estamos hoy todos (¿pueblo o “masa”?) comprometidos con la defensa de lo que nos une, vigilantes ante la corrupción demagógica y partidista? En este sentido hay hoy cuestiones tan ineludibles como terribles: ¿puede decirse, por ejemplo, que todos los españoles tienen derecho a estudiar en español en España? O, lo que es aún más grave, ¿es mayor la pena para los asesinos reincidentes, o encuentran concesiones políticas indulgentes (y contraproducentes, como cabía esperar de lo que dicta la lógica, el derecho y la experiencia) insostenibles jurídicamente? Quizá la esencia del Derecho sea su distinción de principio respecto de la conveniencia y el bienestar material, la reclamación de la dignidad humana y las libertades y exigencias  que le son inherentes (derechos y deberes) por encima de cualquier otra consideración. Lo cual implica que la función del Estado ha de limitarse a garantizar que las leyes sean únicamente el lógico límite de la libertad en que consiste la dignidad, a saber, la libertad de todos como límite de la libertad de cada uno de los ciudadanos adultos que, como autónomos, procuran libremente por ellos mismos lo que consideren adecuado a su bien, sea individual o asociadamente.

A este respecto, también se levantan gravísimas cuestiones o, más aún, cuestionamientos o reproches sobre la actuación actual del Gobierno: ¿es propio de un Estado democrático de Derecho legislar sobre la comida conveniente (bollería en los colegios públicos), la lectura conveniente (recusación de algunos cuentos, como el de Blancanieves, por “machistas”) y los hábitos privados convenientes (como los sexuales, o el de fumar en los recintos reservados y privados de algunas zonas de los restaurantes o incluso en establecimientos semejantes que, no siendo el tabaco una sustancia prohibida, puedan dedicarse expresa y hasta totalmente a esa opción --al igual que es una opción en el propio domicilio— o como consumir el combustible que parezca conveniente con la velocidad razonable elegida)? El argumento dado (que cabe sospechar con fundamento que en absoluto sea el verdadero motivo) para el último caso de ejemplo (el combustible) no deja lugar a dudas sobre el ilegítimo absolutismo paternalista que delata la incompetencia de este Gobierno no sólo ya en lo relativo a lo “social” o económico, entre otros (casi todos) muchos aspectos de contenido, sino en lo más fundamental, la forma de gobernar, que con su intervencionismo desaforado contraviene la autonomía como timbre de dignidad de los ciudadanos.

Clarificar y plantear todas estas cuestiones es necesario ejercicio de crítica, es decir, el juicio requerido para prevenir o resolver las crisis de la vida, apelando al criterio de principios bien lógicos, bien jurídicos. Sin crítica no hay democracia (el régimen político más propio y exigente de la dignidad humana) que valga o perdure sana. De modo que, si no queremos permanecer en un peligroso estado crítico, no tenemos más remedio que restablecer un Estado crítico permanente y actuar, en todas las formas posibles y legítimas en un Estado democrático de Derecho, contra esta deriva absolutista de la política y el Gobierno. Nos jugamos en ello, antes que la vida o el bienestar, nuestra dignidad de personas adultas.