martes, 10 de julio de 2012

CORRUPCIÓN NACIONAL Y GOBIERNO MISERABLE

No hay nada nuevo que decir sobre la situación de desgobierno de España desde mi último apunte reflexivo, ni, por desgracia, ninguna observación o juicio de los que arrepentirme. Este Gobierno traidor es un gobierno mediocre que no está, ni mucho menos, a la altura de lo que la circunstancia española demanda. Mentiroso, cobarde y alejado de la justicia, está haciendo pagar a los inocentes los abusos de los delincuentes con sucesivas medidas de la misma repugnante línea.

Lo único nuevo  que quiero hacer notar, como tremebundo y alarmante, es la falsedad o extravío, poco inocente, del diagnóstico vigente sobre el mal que tan torpe e injustamente afronta este Gobierno miserable (porque más aún que torpe e injusto, insisto, es traidor y cobarde): lo que ocurre sólo indirecta y superficialmente tiene que ver con “la crisis económica” nacional o, mucho menos, internacional. Con lo que tiene que ver esencialmente es con la crisis moral de corrupción y latrocinio sistemático.

No hay crisis que valga para explicar este desastre más que el despilfarro, el abuso y el robo a manos llenas de las arcas públicas, o sea, del dinero y el esfuerzo no de todos, sino de los contribuyentes. De manera incontrolada e incontrolable, impune: por completo alejada de un Estado de Derecho donde impera la ley y todos son iguales ante ella. La “democracia” española está corrompida por una rigurosa partidocracia.

Es tanta la cantidad de representantes del pueblo, políticos y politicastros, en la cancerosa Administración que con su mala administración nos está arruinando  que lo más definitorio que cabe decir de ellos es que, mucho más que representantes, son representativos de la ciudadanía española. Nuestro mal, pues, no es externo ni contingente sino propio e idiosincrásico. No es primariamente económico, sino radicalmente moral; de hecho, la causa de la famosa “burbuja” tanto inmobiliaria como financiera no ha sido sino el irresponsable y codicioso exceso que ha transgredido las reglas de la economía y la prudencia.

De “particularismo” endémico hablaba hace un siglo Ortega en su España invertebrada (cada uno a lo suyo, sin respeto ni visión colectiva). Y no nos hemos recuperado. Cuando, en la Transición y primeros años de la democracia, podíamos haber superado el adanismo moral y cultural, “alguien” (con nombre, apellidos, siglas y cómplices) se ha encargado  de que no levantemos cabeza. Para empezar, destruyendo la educación liberadora, dinamitando el sistema educativo con demagogia rastrera. Y, a continuación, dinamitando la división de poderes, o sea, la garantía institucional de un Estado de Derecho donde el imperio de la ley elimine el privilegio. Lo demás, ya digo (“los otros”), es el “co-co”: la cómplice cobardía.


¿Qué nos salvará de esto, o sea, de nosotros mismos? Sólo la abuela, o sea, sólo cabe ya esperar ayuda de la mecánica e inclemente pedagogía de la naturaleza y el destino: a grandes males, grandes remedios; no hay mal que por bien no venga (si se usa la inteligencia); la precisa hace milagros. Así sea, poniendo un último adarme de lucidez y arrestos por nuestra parte, porque la única alternativa a ello sería la ruinosa de la destrucción omnímoda, no por indeseable menos posible ni, por trágica, una posibilidad inédita.

lunes, 27 de febrero de 2012

FELICIDAD Y JUSTICIA O TRAICIÓN A DIESTRO Y SINIESTRO

Blanco es; la gallina lo pone; con aceite se fríe…

De joven voté a la IU de Julio Anguita (unos de los contados políticos honestos de la democracia) por su propuesta de compartir la mitad del sueldo con los parados mientras no dejaran de serlo (y eso que yo ya tenía un sueldo fijo del Estado). Cambié mi voto al PP, sin embargo, porque sólo él se oponía debidamente a ETA y al desastre educativo de la LOGSE: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Ahora resulta que el PP de Mariano Rajao (sic: es el nombre que me merece) tampoco es mi amigo y que, nuevamente, la verdad me obliga a repudiar el partido recién votado. Ya era de temer que, en su anterior y perdida campaña electoral, presumiera de mantener, “al menos”, sus "principios" (por aquello de la abuela, que me resulta la única creíble, conforme pasa el tiempo: “dime de qué presumes…”). Pero cuando en la reciente campaña electoral, que le ha llevado a la Presidencia del Gobierno, priorizó ante todo el problema económico y explícitamente prometió procurar “la felicidad” de los españoles, no pude evitar un estremecimiento de pavor. Yo he leído a Kant (quizá sea uno de los contados españoles que lo hayan hecho, en la democracia o en cualquier momento; es lo que lamentaba nuestro Ortega) y conozco y reconozco su perspicaz distinción entre felicidad y dignidad, la prioridad moral de la dignidad y la precisión de que ésta no consiste en procurar, por ejemplo, una vivienda o un salario “dignos”, sino en la justicia que se cumple cuando cada cual cumple su deber sin contemporización ni excusa que valga. Porque, además, si debes, puedes. (Y, si no, “haz un poder”, que diría castizamente X. Zubiri.) Más aún: expresamente denuncia la impertinencia trágica de alterar el orden de estos dos factores no sólo en moral, sino en política:

… el principio de la felicidad (propiamente incapaz de constituirse en auténtico principio) también conduce al mal en Derecho político, tal y como lo hacía en la Moral, por óptima que sea la intención que se proponen sus defensores. El soberano quiere hacer feliz al pueblo según su concepto, y se convierte en déspota. El pueblo no quiere renunciar a la general pretensión humana de ser feliz, y se vuelve rebelde.

(En torno al tópico “tal vez sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica”, parte II: De la relación entre teoría y práctica en el derecho político. Pg. 44 de la trad. Española en ed. Tecnos.)

Y es que ahora resulta que el PP se ha unido al PSOE (¿seguimos con la abuela: dime con quién andas…; Dios los cría...?) en la negativa a instar la ilegalización de los partidos etarras solicitada por UPyD (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/21/espana/1329843323.html). No sólo lo hace con saña contra Rosa Díez (“el que se pica, ajos come”, ¿no era, abuela?), lo que convierte en increíbles las racionalizaciones con las que maldisimuladamente pretenden convencernos de que sencillamente no es “prudente” ni “oportuno” ahora el momento, sino con el incoherente argumento de que hay que esperar a que el TC se pronuncie sobre otro partido etarra (Sortu). ¿Por qué no se hace lo mismo con la ley del aborto, que piensa derogarse sin esperar el dictamen del TC? Y, sobre todo, ¿por qué se ha postergado el recambio del actual TC, que es el responsable de la, para mí, prevaricación histórica de consentir, contra el TS, la legalización de los partidos etarras? Es más: ya era más que sospechosa y sintomática la estúpida y perversa alineación de “Rajao” con Rodríguez y cía. en su clamorosa tergiversación, para imbéciles rematados, del último comunicado de ETA. Hoy mismo sigue sosteniendo esa “lectura”, propia de alumno de la Logse, Basagoiti, el lugarteniente en Vascongadas de este émulo de Groucho Marx al que hemos entregado el Gobierno de la nación (“Señora: éstos son mis principios. Si no le gustan… ¡tengo otros!”). http://www.abc.es/20120226/espana/abcp-basagoiti-hemos-derrotado-comandos-20120226.html

Lo demás, infantil mecanismo de defensa de “negación” de los hechos; puro cinismo, vaya.
Así que, como empezaba diciendo, “blanco es, la gallina lo pone…” Que la traición no es privativa de ninguna sigla política, vamos. Que la pérdida de la dignidad está generalizada, y que España, por lo tanto, se merece los Gobiernos que está teniendo, todos del mismo signo, aunque con diferentes siglas; Gobiernos que mienten y se mienten a sí mismos porque han perdido el criterio, el que discrimina justamente entre bienestar y justicia, con lo cual no puede ofrecernos ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada: la dignidad por los suelos y los impuestos por las nubes, como siempre, como antes de la Toma de la Bastilla. Que trabajen los tontos y que paguen los de siempre; ya cambiaremos lo que haga falta para que no cambie nunca nada; como en Andalucía, por ejemplo, donde, según su Gobierno, vamos por la “tercera modernización” (y yo, en mi trabajo, sin haber notado las dos primeras).

A dónde vamos a parar, que diría mi abuela, cuando el Presidente de la Nación le dirige la palabra a quien considera de un partido proetarra. (No, no se pueden esperar los convencionales cien días primeros de nuevo Gobierno para comentarlo.) Y además para decirle que le diga que hay que ser buenos. Y el Parlamento nacional casi entero (despreciando a Rosa Díez, obligándola al papel de Sócrates moderno paisano nuestro) suscribiendo un documento que parece de la Logse jurídico-política: la “m” con la “a”, “ma”; el Estado de Derecho expresamente afirma y propone actuar con mecanismos propios del Estado de Derecho frente al terrorismo. Qué valentía. Qué ciencia. Qué manera de ganarse el sueldo y de justificar su puesto. Y yo, tonto de mí, que no lo disfruto (ni puedo siquiera reírme de este ridículo nacional, de este esperpento en el Parlamento) porque he leído a Kant y no puedo quitarme de la cabeza esta sentencia suya de la Doctrina del Derecho (parte primera de su Metafísica de las costumbres, pg. 167 de su traducción española en ed. Tecnos):

Porque si perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la Tierra.

viernes, 27 de enero de 2012

ESTADO CRÍTICO

Lamentablemente, hay muchos, demasiados motivos para señalarlo: nuestro Estado, nuestro joven (relativamente) “Estado social y democrático de Derecho” (como lo define la vigente Constitución de 1978 en su artículo 1º), se encuentra en un estado crítico. En todos estos tres principales aspectos.

       En lo “social” (economía; Estado de bienestar o, mínimamente, de servicios) ya no se le oculta a nadie de dentro ni fuera el hecho de su ruina acelerada y la depauperación progresiva de los más pobres, para no romper del todo con las más rancias tradiciones del poder. Y aunque ya no hay tanto acuerdo respecto a las causas, yo pienso que tienen mucho que ver con lo que sigue, con los otros aspectos. Veamos.

       En lo “democrático”, ¿cuál es el tono y vigor actual de nuestro Estado? Mucho me temo que, a lo peor, ni sepamos bien todavía lo que decimos  al hablar de democracia y demócratas, incluso por parte de muchos representantes políticos: ha faltado una oportuna y auténtica educación para la ciudadanía. Y sin un criterio apropiado (adecuado y hecho propio) difícilmente podremos juzgarlo y actuar en consecuencia, corrigiendo lo que haga falta. Rescatemos, pues, lo elemental, porque ningún problema puede resolverse si no se reconoce antes; lo cual es imposible sin ideas claras. Así, la democracia, antes que una institución, y como el fundamento, fondo o suelo desde el que florece, es ante todo una mentalidad que, si decae o se eclipsa, puede arruinar el régimen que la expresa. Así es y por eso así siempre ha ocurrido, tanto en la Atenas que la fundó como en la Alemania del siglo XX, por eminentes ejemplos.

Esa mentalidad implica, ciertamente, que nadie es soberano (superior) natural de nadie o que todos somos soberanos de nosotros mismos, con derecho y capacidad (virtual, no efectiva en cualquier caso) para gobernar políticamente, en lugar de conceder el derecho exclusivo de unos cuantos para gobernar siempre a otros. Pero, en consecuencia, el democratismo supone una alta exigencia de responsabilizarnos del gobierno electo, una alerta crítica y una vigilancia civilmente manifestada de sus posibles desvíos, sin sacralizarlo y excusarlo absolutamente porque sea de nuestro partido o lo hayamos votado. Ahora bien, ¿suponemos y buscamos la unión que hace de la democracia el régimen apropiado a una comunidad humana autónoma, o estamos consintiendo una aberrante polarización con la que, en lugar de cooperar y co/rregirnos, nos descalificamos, haciendo oídos sordos a la crítica, venga de la parte del pueblo que venga?

En democracia es lo común (el tronco de la semejanza presupuesto por las ramas y ramificaciones de la diferencia) lo que prima y debe prevalecer sobre lo particular y partidista. Es, por tanto, lo que compartimos lo que debemos preservar y con lo que debemos comprometernos, identificarnos y solidarizarnos todos como pueblo: la nación y el Estado de todos. De acuerdo con ello, si es que, como animales racionales en lugar de brutos, pretendemos la cohesión social que emana de la coherencia lógica, no hay lugar para amigos y enemigos, “buenos y malos”, esa simplificación infantil o primitiva. Políticamente, las diferencias tienen carácter secundario respecto a lo que nos iguala y comunica: la Constitución en cuya virtud nos reconocemos igualmente respetables y fundamentalmente solidarios, porque nos reconocemos básicamente ligados o soldados por nuestra dignidad e intereses comunes. Lo contrario es maniqueísmo precivilizado, egoísmo enmascarado, guerracivilismo disgregador y disolvente de lo democrático, que no ha superado realmente una mentalidad tribal y atávica, como la que se expresa en la actitud de quien “nunca votaría al partido de la oposición”, es decir, la del soberbio e inconsciente dictador preso de la mentalidad de pensamiento y partido único, que casa con la mentalidad democrática como la mona con el vestido de seda.

Para terminar este punto: si bien lo pensamos, el régimen democrático no es sino una aristocracia electiva, es decir, consiste en elegir y reponer a los mejores para gobernarnos en cada coyuntura (no por superioridad de casta), mientras que en las aristocracias y monarquías primitivas la superioridad no es juzgada, propuesta y revisada, sino impuesta, y no puede adquirirse, sino que viene dada por la fuerza y heredada por nacimiento. Absurdo sería, en cambio, pensar (¿será aquí y ahora el caso?) que por estar en democracia todos somos igualmente aptos para el gobierno, que no hemos de superarnos, adquirir capacidad y ser juzgados, que lo mismo vale un ignorante que un sabio para ministro de Sanidad o Economía. Así no se justificarían unas elecciones periódicas y una Administración económicamente tan gravosa.

Por fin, cuanto al Estado “de Derecho”, lo primero es recordar que lo justo consiste en el imperio de la misma ley para todos, sin privi/legio o leyes y derechos privados, sean individuos o comunidades, delincuentes comunes o terroristas. Esto es lo que convierte a una democracia en un régimen legítimo, digno, justo ante la razón (como es siempre reconocible por cualquiera, es decir, por quien realmente quiera), frente al imperio del cambiante gusto. La pregunta se impone: ¿estamos hoy todos (¿pueblo o “masa”?) comprometidos con la defensa de lo que nos une, vigilantes ante la corrupción demagógica y partidista? En este sentido hay hoy cuestiones tan ineludibles como terribles: ¿puede decirse, por ejemplo, que todos los españoles tienen derecho a estudiar en español en España? O, lo que es aún más grave, ¿es mayor la pena para los asesinos reincidentes, o encuentran concesiones políticas indulgentes (y contraproducentes, como cabía esperar de lo que dicta la lógica, el derecho y la experiencia) insostenibles jurídicamente? Quizá la esencia del Derecho sea su distinción de principio respecto de la conveniencia y el bienestar material, la reclamación de la dignidad humana y las libertades y exigencias  que le son inherentes (derechos y deberes) por encima de cualquier otra consideración. Lo cual implica que la función del Estado ha de limitarse a garantizar que las leyes sean únicamente el lógico límite de la libertad en que consiste la dignidad, a saber, la libertad de todos como límite de la libertad de cada uno de los ciudadanos adultos que, como autónomos, procuran libremente por ellos mismos lo que consideren adecuado a su bien, sea individual o asociadamente.

A este respecto, también se levantan gravísimas cuestiones o, más aún, cuestionamientos o reproches sobre la actuación actual del Gobierno: ¿es propio de un Estado democrático de Derecho legislar sobre la comida conveniente (bollería en los colegios públicos), la lectura conveniente (recusación de algunos cuentos, como el de Blancanieves, por “machistas”) y los hábitos privados convenientes (como los sexuales, o el de fumar en los recintos reservados y privados de algunas zonas de los restaurantes o incluso en establecimientos semejantes que, no siendo el tabaco una sustancia prohibida, puedan dedicarse expresa y hasta totalmente a esa opción --al igual que es una opción en el propio domicilio— o como consumir el combustible que parezca conveniente con la velocidad razonable elegida)? El argumento dado (que cabe sospechar con fundamento que en absoluto sea el verdadero motivo) para el último caso de ejemplo (el combustible) no deja lugar a dudas sobre el ilegítimo absolutismo paternalista que delata la incompetencia de este Gobierno no sólo ya en lo relativo a lo “social” o económico, entre otros (casi todos) muchos aspectos de contenido, sino en lo más fundamental, la forma de gobernar, que con su intervencionismo desaforado contraviene la autonomía como timbre de dignidad de los ciudadanos.


Clarificar y plantear todas estas cuestiones es necesario ejercicio de crítica, es decir, el juicio requerido para prevenir o resolver las crisis de la vida, apelando al criterio de principios bien lógicos, bien jurídicos. Sin crítica no hay democracia (el régimen político más propio y exigente de la dignidad humana) que valga o perdure sana. De modo que, si no queremos permanecer en un peligroso estado crítico, no tenemos más remedio que restablecer un Estado crítico permanente y actuar, en todas las formas posibles y legítimas en un Estado democrático de Derecho, contra esta deriva absolutista de la política y el Gobierno. Nos jugamos en ello, antes que la vida o el bienestar, nuestra dignidad de personas adultas.