sábado, 2 de octubre de 2010

CARNAVAL GUBERNAMENTAL

Como observador crítico de la constitucionalidad en nuestro país (o sea, como responsable de mi ciudadanía), no puedo pasar por alto de ninguna manera las recientes declaraciones, para empezar, de la actual ministra de Sanidad, doña Leyre Pajín. Como puede saberse, ha expuesto su intención de convertir en ley un castigo extraordinario a quienes estén acusados de maltrato doméstico, mal llamado “de género” por el Gobierno y la prensa que secunda sus peregrinas ocurrencias transgresivas, que empiezan por el maltrato sistemático a la lengua (http://www.libertaddigital.com/sociedad/pajin-quiere-retirar-la-custodia-a-los-conyugues-sic-acusados-de-maltrato-1276408017/).

Doña Leyre pretende que, antes de una posible condena por maltrato al “cónyugue” (un nuevo invento que no es, nuevamente, sino una ignorancia transgresiva: la mala lectura y pronunciación de la palabra “cónyuge”), al acusado se le retire inmediatamente la custodia sobre sus hijos, cortando de raíz la discrecionalidad que la actual legislación concede a los jueces. Antes de que se pruebe si es culpable. O sea: una vez más pretende este Gobierno atentar contra un derecho no cualquiera, sino fundamental: la presunción de inocencia propia e imprescindible en un Estado de Derecho. Una discriminación más ante la ley, por razones de sexo, en un Gobierno que se pretende adalid de la igualdad, de los derechos, y detractor del sexismo (de nuevo: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”). Como la que ya ha inducido a cometer contra los varones acusados de maltrato conyugal, los cuales pueden pasar una noche en el calabozo sólo por haber sido denunciados, a diferencia del resto de los españoles en el caso de la mayoría de los restantes presuntos delitos.

Lo cual es ya rizar el rizo del disparate absolutista o anticonstitucionalista (de “quiebra del Estado de Derecho” ha calificado esta medida, ya aprobada en el Consejo de Ministros de 27-11-10, la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, así como muchas asociaciones de jueces la han cuestionado radicalmente): se pretende condenar o penalizar injustamente (sin mediación de la Justicia constitucionalmente establecida) por un delito distinto de aquel al que se denuncia, o con una pena distinta a la que correspondería. Porque no se trata de dictar judicialmente orden de alejamiento de la pareja (lo que ya se practica), ni tampoco de tomar una medida cautelar o preventiva ante la gravedad del posible delito (lo que tampoco sería una innovación judicial), ya que el posible delito del caso no es maltrato a los hijos, ni en todos los casos ocurre necesariamente que el maltrato al cónyuge vaya unido a ese otro por el que se quiere castigar “preventivamente”, aunque no haya denuncia específica: “criterio” de prevención por el que bien podrían acabar metiéndonos en la cárcel a cualesquiera ciudadanos por cualquier cosa si se le ocurre a cualquiera de estas ministras o ministros.

Se trata, pues,  de mezclar churras con merinas en pura asociación feminista paranoide, sin la menor conexión lógica o jurídica, con la consecuencia de imponer arbitrariamente castigos tan ilegítimos como antilegales por mera iracundia. O sea: con la mentalidad propia del incivilizado que, sin someterse a razón ni derecho (justicia legal), quiere imponer por su cuenta (o desde un ministerio, si le dejan) “su” justicia, aunque perezca la justicia. Esta arbitrariedad es signo inequívoco de ignorar el derecho, o de no creer en él por no comprenderlo, o de incurrir en desafuero por no asumirlo. Lamentablemente, no extraña este nuevo signo que, asociado a otros, constituye un síndrome identificativo de la ideología y el partido del “diálogo” con el terrorismo y con las dictaduras y el adoctrinamiento partidista (o sea, totalitarista) en “educación” (como la condenada en reciente sentencia del Tribunal Constitucional en un texto escolar de “Educación para la ciudadanía”, aunque sería aplicable a la mayoría, como es comprobable si se cotejan los textos y la sentencia). O del GAL, por hacer un poco de “memoria histórica” de nuestra circunstancia, que es la democracia constitucional.

Pero, ¿qué decir, además, de la propuesta de D. Alfredo Pérez Rubalcaba, actual ministro de Interior, Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno, sobre la formación de los profesores, a quienes se le ha ocurrido obligar a una especie de residencia interna como la de los médicos (M.I.R.) antes de reconocerlos como docentes? Pues, ante todo, que pretende legislar sin consultar a los expertos (que sólo son, en este caso, los interesados: los docentes mismos) y que establece una impertinente analogía, dudosa hasta lo risible, entre la pericia clínica que trata con la vida y la pericia general que en cualquier otro caso sólo aporta la práctica (¿o acaso habría que someter a los jueces, o a los ingenieros, o a los policías, a una residencia interna y provisional –otro MIR- antes de reconocer que ya hacen lo que hacían y pagarles como corresponde, antigüedad aparte, porque se le ocurra a uno de estos ministros o ministras?) O sea, que quiere gobernar imponiendo sus “ideas” sin tener mucha ni poca idea sobre los asuntos. Pero, sobre todo, por lo que afecta al civilizado espíritu constitucional que sería su deber conocer y respetar (el de una democracia de Derecho), que cree poder legislar sobre cualquier cosa, aunque no corresponda a su función ni ministerio. Con el mismo estilo de la ministra Pajín, cuya propuesta ha justificado.


Porque, ¿qué hacen la ministra de Sanidad (aunque también de Asuntos Sociales e “Igualdad”) pontificando sobre Justicia y el ministro del Interior innovando sobre Educación? ¿Por dónde anda la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial actualmente en nuestro país? No tengo ni “pajinera” idea. Este estilo, este “talante” no es de recibo en un “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1 de nuestra Constitución), sino más propio del totalitarismo absolutista. Estamos, y es derecho y deber criticarlo públicamente, ante un carnaval gubernamental. Pero no sólo porque los ministros y ministras no lo son de lo que parece o los han puesto, ni porque se ponen en un ministerio como se cambia de disfraz (ahora, la ex ministra de Sanidad trabaja en el ministerio de Exteriores como Secretaria de Estado para Iberoamérica, sin ser ni médica ni diplomática de carrera; etc., etc.), sino porque el Gobierno en bloque, aun investido en una democracia constitucional y vestido de demócrata en sus palabras, más parece operar como un enmascarado tirano absolutista y totalitario, que quiere imponer en todos los asuntos de la vida ajena ni más ni menos que lo que le da la gana.

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