Como
observador crítico de la constitucionalidad en nuestro país (o sea, como
responsable de mi ciudadanía), no puedo pasar por alto de ninguna manera las
recientes declaraciones, para empezar, de la actual ministra de Sanidad, doña
Leyre Pajín. Como puede saberse, ha expuesto su intención de convertir en ley
un castigo extraordinario a quienes estén acusados de maltrato doméstico, mal
llamado “de género” por el Gobierno y la prensa que secunda sus peregrinas
ocurrencias transgresivas, que empiezan por el maltrato sistemático a la lengua
(http://www.libertaddigital.com/sociedad/pajin-quiere-retirar-la-custodia-a-los-conyugues-sic-acusados-de-maltrato-1276408017/).
Doña Leyre pretende
que, antes de una posible condena por maltrato al “cónyugue” (un nuevo invento
que no es, nuevamente, sino una ignorancia transgresiva: la mala lectura y pronunciación
de la palabra “cónyuge”), al acusado se le retire inmediatamente la custodia sobre
sus hijos, cortando de raíz la discrecionalidad que la actual legislación
concede a los jueces. Antes de que se pruebe si es culpable. O sea: una vez más
pretende este Gobierno atentar contra un derecho no cualquiera, sino
fundamental: la presunción de inocencia propia e imprescindible en un Estado de
Derecho. Una discriminación más ante la ley, por razones de sexo, en un
Gobierno que se pretende adalid de la igualdad, de los derechos, y detractor
del sexismo (de nuevo: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”). Como
la que ya ha inducido a cometer contra los varones acusados de maltrato
conyugal, los cuales pueden pasar una noche en el calabozo sólo por haber sido
denunciados, a diferencia del resto de los españoles en el caso de la mayoría
de los restantes presuntos delitos.
Lo cual es ya
rizar el rizo del disparate absolutista o anticonstitucionalista (de “quiebra
del Estado de Derecho” ha calificado esta medida, ya aprobada en el Consejo de
Ministros de 27-11-10, la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la
Custodia Compartida, así como muchas asociaciones de jueces la han cuestionado
radicalmente): se pretende condenar o penalizar injustamente (sin mediación de
la Justicia constitucionalmente establecida) por un delito distinto de aquel al
que se denuncia, o con una pena distinta a la que correspondería. Porque no se
trata de dictar judicialmente orden de alejamiento de la pareja (lo que ya se
practica), ni tampoco de tomar una medida cautelar o preventiva ante la
gravedad del posible delito (lo que tampoco sería una innovación judicial), ya
que el posible delito del caso no es maltrato a los hijos, ni en todos los
casos ocurre necesariamente que el maltrato al cónyuge vaya unido a ese otro
por el que se quiere castigar “preventivamente”, aunque no haya denuncia
específica: “criterio” de prevención por el que bien podrían acabar metiéndonos
en la cárcel a cualesquiera ciudadanos por cualquier cosa si se le ocurre a cualquiera
de estas ministras o ministros.
Se trata,
pues, de mezclar churras con merinas en pura
asociación feminista paranoide, sin la menor conexión lógica o jurídica, con la
consecuencia de imponer arbitrariamente castigos tan ilegítimos como
antilegales por mera iracundia. O sea: con la mentalidad propia del
incivilizado que, sin someterse a razón ni derecho (justicia legal), quiere
imponer por su cuenta (o desde un ministerio, si le dejan) “su” justicia,
aunque perezca la justicia. Esta arbitrariedad es signo inequívoco de ignorar
el derecho, o de no creer en él por no comprenderlo, o de incurrir en desafuero
por no asumirlo. Lamentablemente, no extraña este nuevo signo que, asociado a
otros, constituye un síndrome identificativo de la ideología y el partido del
“diálogo” con el terrorismo y con las dictaduras y el adoctrinamiento
partidista (o sea, totalitarista) en “educación” (como la condenada en reciente
sentencia del Tribunal Constitucional en un texto escolar de “Educación para la
ciudadanía”, aunque sería aplicable a la mayoría, como es comprobable si se
cotejan los textos y la sentencia). O del GAL, por hacer un poco de “memoria
histórica” de nuestra circunstancia, que es la democracia constitucional.
Pero, ¿qué
decir, además, de la propuesta de D. Alfredo Pérez Rubalcaba, actual ministro
de Interior, Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno, sobre la formación
de los profesores, a quienes se le ha ocurrido obligar a una especie de
residencia interna como la de los médicos (M.I.R.) antes de reconocerlos como
docentes? Pues, ante todo, que pretende legislar sin consultar a los expertos
(que sólo son, en este caso, los interesados: los docentes mismos) y que establece
una impertinente analogía, dudosa hasta lo risible, entre la pericia clínica
que trata con la vida y la pericia general que en cualquier otro caso sólo
aporta la práctica (¿o acaso habría que someter a los jueces, o a los
ingenieros, o a los policías, a una residencia interna y provisional –otro MIR-
antes de reconocer que ya hacen lo que hacían y pagarles como corresponde,
antigüedad aparte, porque se le ocurra a uno de estos ministros o ministras?) O
sea, que quiere gobernar imponiendo sus “ideas” sin tener mucha ni poca idea
sobre los asuntos. Pero, sobre todo, por lo que afecta al
civilizado espíritu constitucional que sería su deber conocer y respetar (el de
una democracia de Derecho), que cree poder legislar sobre cualquier cosa,
aunque no corresponda a su función ni ministerio. Con el mismo estilo de la
ministra Pajín, cuya propuesta ha justificado.
Porque, ¿qué
hacen la ministra de Sanidad (aunque también de Asuntos Sociales e “Igualdad”) pontificando
sobre Justicia y el ministro del Interior innovando sobre Educación? ¿Por dónde
anda la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial actualmente en
nuestro país? No tengo ni “pajinera” idea. Este estilo, este “talante” no es de
recibo en un “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1 de nuestra
Constitución), sino más propio del totalitarismo absolutista. Estamos, y es
derecho y deber criticarlo públicamente, ante un carnaval gubernamental. Pero
no sólo porque los ministros y ministras no lo son de lo que parece o los han
puesto, ni porque se ponen en un ministerio como se cambia de disfraz (ahora, la
ex ministra de Sanidad trabaja en el ministerio de Exteriores como Secretaria
de Estado para Iberoamérica, sin ser ni médica ni diplomática de carrera; etc.,
etc.), sino porque el Gobierno en bloque, aun investido en una democracia
constitucional y vestido de demócrata en sus palabras, más parece operar como
un enmascarado tirano absolutista y totalitario, que quiere imponer en todos
los asuntos de la vida ajena ni más ni menos que lo que le da la gana.
